Garífunos Hondureños Denuncian ‘Plan de Despojo y Genocidio Cultural’ y Recurrirán a Corte Interamericana
Tegucigalpa, Honduras – La comunidad garífuna de Honduras ha presentado una denuncia formal ante instancias internacionales, acusando al Estado hondureño de implementar un “plan de despojo y genocidio cultural” en sus territorios ancestrales. La denuncia, presentada por la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), argumenta que la situación va más allá de una simple falta de voluntad gubernamental, evidenciando un plan deliberado para suprimir la cultura garífuna.
Corte Interamericana Condena a Honduras por Violaciones Territoriales
La líder garífuna, Miriam Miranda, explicó que la organización recurrirá nuevamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para exigir el cumplimiento de las sentencias ya dictadas en casos relacionados con las comunidades de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, San Juan y Cayos Cochinos. Las sentencias, emitidas en 2015, 2023 y 2026, condenan a Honduras por violaciones a los derechos territoriales de estas comunidades afrodescendientes.
Miranda también denunció una “matriz mediática de incitación al odio” contra el pueblo garífuna, atribuyendo esta campaña a intereses privados y grupos empresariales responsables de la usurpación de sus tierras. Exigió el cese de estas acciones y la detención de la violencia y el terror en sus territorios.
Rechazo a la Mesa de Diálogo y Demandas Adicionales
La líder garífuna rechazó la convocatoria a una mesa de diálogo por parte de la Corte Suprema de Justicia, calificándola de “falso diálogo” destinado a renegociar derechos ya resueltos por la justicia internacional. Además, solicitó el cierre definitivo de la causa penal contra cinco miembros de la comunidad de San Juan detenidos durante un desalojo, así como la aplicación efectiva del control de convencionalidad en todos los procesos relacionados con sus territorios ancestrales.
El titular del Poder Judicial, Wagner Vallecillo, instaló una mesa de diálogo con diversas instituciones estatales, pero los representantes garífunos no asistieron a la convocatoria. La comunidad garífuna, asentada principalmente en la costa caribeña desde 1797, reclama el respeto a sus tierras y mejores condiciones de vida.